Entre Diciembre del 2008 y Febrero del presente año, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizaron visitas de inspección a catorce construcciones turísticas de Huatulco, uno de los Centros Turísticos Planificados por FONATUR en pleno renacimiento.
Según un boletín emitido por Profepa el 24 de Febrero de 2009, siete de ellos fueron clausurados temporalmente por haberse realizado sin la autorización previa de la Semarnat, tanto en materia de Impacto Ambiental, como de cambio de uso de suelo forestal y de Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre). Ante este hecho, varias fueron las voces que se inconformaron, inclusive hasta los trabajadores de la construcción manifestaron su rechazo en virtud de suspender sus fuentes de empleo.
Sin embargo, la raíz de esta situación puede entenderse según la perspectiva de cada quien, la cual puede abrir un debate tan prolongado como se desee, inclusive, se presta como una acción coyuntural para desencadenar y revivir el eterno reclamo del anhelado renacimiento, un imperativo según para el gobierno calderonista. No obstante, la suspensión de la obras obedece claramente al incumplimiento de la normatividad ambiental por parte de varios inversionistas, quienes siguieron el ejemplo del FONATUR, instancia a la cual le clausuraron la carretera de La crucecita-Santa Cruz por no contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Por este concepto, el FONATUR fue multado por la cantidad de un millón 600 mil pesos.
La infracción cometida por el FONATUR en el contexto actual, no es nada oportuna y menos las declaraciones hechas por el director regional de esta dependencia en Huatulco, el cual menciona que “No se estaba aplicando la ley, de repente la comienzan a aplicar… Esto trastoca con el relanzamiento de Huatulco, sin embargo está la ley y hay que cumplirla”. Con lo anterior, significa que desde sus inicios, Huatulco ha sido un destino que viola la ley ambiental. Aunque existen estudios técnicos y científicos que lo han evidenciado, el pago de una multa por degradar ecosistemas debe entenderse como una muerte en “abonos chiquitos”, de un destino que se dice sustentable.
A su vez, significa que “vale más pedir perdón que pedir permiso” pero, ¿no son las instituciones los primeros en cumplir la ley, para poderle exigir su cumplimiento a la sociedad?, si tomamos en cuenta que la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) se promulgó en 1988, al día de hoy son 21 años de que la ley no es aplicable no sólo en Huatulco.
Aunque los inversionistas constantemente se quejan de los altos costos de los trámites, es importante recordar que la ley tiene un carácter restrictivo más no prohibitivo, por ello, es imperante velar por su aplicación y su cumplimiento por el bien de todos y todas. Esto implica que toda obra debe realizarse con apego a la normatividad, lo cual no se cumple ni les basta con extinguir especies de flora y fauna así como modificar usos de suelo, sino, también explotan a la gente.
Además del “desconocimiento de la ley” por parte de los inversionistas y también del FONATUR, la suspensión de obras turísticas evidencia la necesidad de capacitar a las autoridades locales sobre la normatividad que deben cumplir los inversionistas, más cuando se trata de obras en zona federal. Toda esta información debe estar contemplada en el Plan Maestro del CIP.
Aunque ya sabemos que el renacimiento es prioritario, también es necesario hacer operativa la palabra “sinergia institucional”, más al tratarse de obras que traen beneficio social y económico a uno de los estados más pobres. Asimismo, no hay que excusarse en que a falta de la aplicación de la ley o el desconocimiento de su existencia, no se investigue sobre las cuales debemos cumplir. También, es inoportuno esperar a ver quien quebranta la ley ambiental con el único fin de gestionar multas para incrementar el ingreso, eso es falto de responsabilidad de la SEMARNAT, quien debe prevenir y coadyuvar en el manejo sustentable de los recursos naturales.
Desde luego, todos somos culpables pues los ciudadanos debemos actuar como protagonistas y no como simples espectadores. Lo más importante es, no seguir abonando esa cultura que violenta la aplicación de las leyes, menos cuando son propiciadas por las propias instituciones, por el contario, como institución se debe poner el ejemplo en cómo cumplir las leyes. No nos extrañe en el futuro observar a quienes se escuden en el “si FONATUR desobedece, porque nosotros no”, hay que recordar que de la aplicación de la ley sin distinción, depende un estado más democrático, más justo.
Según un boletín emitido por Profepa el 24 de Febrero de 2009, siete de ellos fueron clausurados temporalmente por haberse realizado sin la autorización previa de la Semarnat, tanto en materia de Impacto Ambiental, como de cambio de uso de suelo forestal y de Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre). Ante este hecho, varias fueron las voces que se inconformaron, inclusive hasta los trabajadores de la construcción manifestaron su rechazo en virtud de suspender sus fuentes de empleo.
Sin embargo, la raíz de esta situación puede entenderse según la perspectiva de cada quien, la cual puede abrir un debate tan prolongado como se desee, inclusive, se presta como una acción coyuntural para desencadenar y revivir el eterno reclamo del anhelado renacimiento, un imperativo según para el gobierno calderonista. No obstante, la suspensión de la obras obedece claramente al incumplimiento de la normatividad ambiental por parte de varios inversionistas, quienes siguieron el ejemplo del FONATUR, instancia a la cual le clausuraron la carretera de La crucecita-Santa Cruz por no contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Por este concepto, el FONATUR fue multado por la cantidad de un millón 600 mil pesos.
La infracción cometida por el FONATUR en el contexto actual, no es nada oportuna y menos las declaraciones hechas por el director regional de esta dependencia en Huatulco, el cual menciona que “No se estaba aplicando la ley, de repente la comienzan a aplicar… Esto trastoca con el relanzamiento de Huatulco, sin embargo está la ley y hay que cumplirla”. Con lo anterior, significa que desde sus inicios, Huatulco ha sido un destino que viola la ley ambiental. Aunque existen estudios técnicos y científicos que lo han evidenciado, el pago de una multa por degradar ecosistemas debe entenderse como una muerte en “abonos chiquitos”, de un destino que se dice sustentable.
A su vez, significa que “vale más pedir perdón que pedir permiso” pero, ¿no son las instituciones los primeros en cumplir la ley, para poderle exigir su cumplimiento a la sociedad?, si tomamos en cuenta que la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) se promulgó en 1988, al día de hoy son 21 años de que la ley no es aplicable no sólo en Huatulco.
Aunque los inversionistas constantemente se quejan de los altos costos de los trámites, es importante recordar que la ley tiene un carácter restrictivo más no prohibitivo, por ello, es imperante velar por su aplicación y su cumplimiento por el bien de todos y todas. Esto implica que toda obra debe realizarse con apego a la normatividad, lo cual no se cumple ni les basta con extinguir especies de flora y fauna así como modificar usos de suelo, sino, también explotan a la gente.
Además del “desconocimiento de la ley” por parte de los inversionistas y también del FONATUR, la suspensión de obras turísticas evidencia la necesidad de capacitar a las autoridades locales sobre la normatividad que deben cumplir los inversionistas, más cuando se trata de obras en zona federal. Toda esta información debe estar contemplada en el Plan Maestro del CIP.
Aunque ya sabemos que el renacimiento es prioritario, también es necesario hacer operativa la palabra “sinergia institucional”, más al tratarse de obras que traen beneficio social y económico a uno de los estados más pobres. Asimismo, no hay que excusarse en que a falta de la aplicación de la ley o el desconocimiento de su existencia, no se investigue sobre las cuales debemos cumplir. También, es inoportuno esperar a ver quien quebranta la ley ambiental con el único fin de gestionar multas para incrementar el ingreso, eso es falto de responsabilidad de la SEMARNAT, quien debe prevenir y coadyuvar en el manejo sustentable de los recursos naturales.
Desde luego, todos somos culpables pues los ciudadanos debemos actuar como protagonistas y no como simples espectadores. Lo más importante es, no seguir abonando esa cultura que violenta la aplicación de las leyes, menos cuando son propiciadas por las propias instituciones, por el contario, como institución se debe poner el ejemplo en cómo cumplir las leyes. No nos extrañe en el futuro observar a quienes se escuden en el “si FONATUR desobedece, porque nosotros no”, hay que recordar que de la aplicación de la ley sin distinción, depende un estado más democrático, más justo.
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