Hace escasos tres años, en una reunión informal un grupo de amigos discutíamos sobre el rumbo que han tomado algunas organizaciones campesinas en su lucha por la propiedad social. El debate fue un punto de encuentros y desencuentros.
Algunos en aquella mesa redonda estaban jubilados de las luchas sociales convencionales, me refiero a los movimientos campesinos institucionalizados con líderes vitalicios o que heredan sus posiciones y convierten al movimiento social en un sistema monárquico. Pese a estar decepcionados, la mayoría coincidió en que habría que discutir sobre otras alternativas de organización social el cual reuniera mayores factores en común.
Abrir un debate en este sentido, nos llevó a una profundo análisis que se ha iniciado desde hace mucho tiempo y que persiste hoy en día. Algunos de esos es la lucha por la defensa de los recursos naturales y la necesidad de buscar esquemas de desarrollo sostenible.
En este sentido, antes de hablar de los retos y los desafíos a los que se enfrentan estas organizaciones, es importante conocer algunos antecedentes. En primera, es de suma relevancia remitirnos a los orígenes del reparto agrario y, por ende, trasladarnos hasta la revolución mexicana.
En 1910, uno de los grandes desafíos de la revolución mexicana, además de derrocar la dictadura de Díaz fue reconstruir un estado que se preocupara por el sector social entre ellos el campesinado y la clase obrera. Entre sus logros esta el compromiso que el estado pactó en favor de los campesinos al dotarles de tierra, agua y apoyos para hacerlas producir. Éste pacto nacional se pudo respaldar a través del Artículo 27 Constitucional de 1917.
Desde entonces, los campesinos mexicanos y la clase trabajadora pudieron encontrar en el estado un benefactor social y garante de seguridad individual, se organizaron ejidos y los bienes comunales. Surge así un esquema de propiedad social que da ventajas y fortalezas al pueblo. Es decir, el pueblo se convirtió en dueño de la mayor parte del territorio.
Sin embargo, el costo para al erario público de subsidiar programas del campo, entre otros, puso entre 1970´s y 1980’s, en una severa crisis insostenible de nuestro modelo económico. A partir de entonces, se empezó una reestructuración económica y quedaron en segundo término aquellos sectores que representaban un gasto excesivo para el país. El campesinado fue uno de ellos.
Para 1992, la modificación del Art. 27 constitucional es uno de los golpes más fuertes en contra de la propiedad social. Con esta acción, la responsabilidad del estado y su papel de benefactor con el campo llegaba a su término.
Las organizaciones campesinas como los núcleos agrarios también se vieron en la necesidad de transformase. Para muchos era importante fomentar actividades económicas que las hicieran menos dependientes del estado. Hay algunos ejemplos de empresas ejidales y comunales como el caso del aprovechamiento forestal, el cual ahora beneficia económicamente a muchas familias. No obstante, hay núcleos agrarios que aún viven de las aportaciones de sus miembros y están esperanzados en la aportación gubernamental a través de sus programas.
La modificación del Art. 27 evidenció el paternalismo gubernamental y la falta de visión de los campesinos. El objetivo principal del zapatismo se había perdido en el camino, se quedó quizás viciado, se embriagó de poder y ahora presenta una “cruda” realidad que los ahoga. El síntoma más significativo de la decadencia de la propiedad social es la compra y venta de tierras, propiciada sí, por la modificación a la ley, pero jamás obligada por ésta.
Ahora la propiedad social se encuentra en manos de unos cuantos comuneros y unos cuantos ejidatarios. La propiedad social es vulnerable y está también en “peligro de extinción”, más aún cuando existen ofertas seductoras como la venta de tierras para inversión extranjera. En la costa de Oaxaca y en general en la costa del pacífico es más que una realidad. Quienes se dicen defensores de la tierra la venden, algunos ya ni siquiera siembran el maíz o el frijol, pero si saben valuar cada metro cuadrado con vista al mar.
Al menos en la costa de Oaxaca, los comuneros de hoy son promotores inmobiliarios, compran y venden hasta en medios electrónicos. Algunos ya se acabaron sus tierras, han vendido todo, sin embargo continúan invadiendo zonas montañosas y selváticas con el afán de vender en el futuro. Algunos tienen a sus familias en viviendas ubicados en lotes de 20 por 20, pero son comuneros legalmente reconocidos.
La situación actual, hace evidente la necesidad de reorganizar la lucha campesina y definir rumbos más claros ante los nuevos embates como la vulnerabilidad de la propiedad social. Es importante no dejar de lado los recursos naturales, proteger las zonas que aún se mantienen conservadas. México debe reconocerse como un estado de propiedad y de defensa colectiva. Hoy por hoy, si no existe más propiedad social, debemos socializar la defensa de los recursos naturales. No es necesario formar más organizaciones campesinas, las que hay, ahora compran su despensa en las grandes empresas transnacionales.
Hay muchos retos y posiblemente el sistema de propiedad social es como una luz que se apaga. Ante este escenario, es importante ubicar en el tiempo la defensa de los bienes de propiedad colectiva, pero más importante es, ubicar en la realidad un esquema de defensa del entorno ecológico que incluya a todos. La tierra ya no es de quien la trabaja, es de quien la defiende, aunque sólo se defienda un lote de 20 por 20.
Algunos en aquella mesa redonda estaban jubilados de las luchas sociales convencionales, me refiero a los movimientos campesinos institucionalizados con líderes vitalicios o que heredan sus posiciones y convierten al movimiento social en un sistema monárquico. Pese a estar decepcionados, la mayoría coincidió en que habría que discutir sobre otras alternativas de organización social el cual reuniera mayores factores en común.
Abrir un debate en este sentido, nos llevó a una profundo análisis que se ha iniciado desde hace mucho tiempo y que persiste hoy en día. Algunos de esos es la lucha por la defensa de los recursos naturales y la necesidad de buscar esquemas de desarrollo sostenible.
En este sentido, antes de hablar de los retos y los desafíos a los que se enfrentan estas organizaciones, es importante conocer algunos antecedentes. En primera, es de suma relevancia remitirnos a los orígenes del reparto agrario y, por ende, trasladarnos hasta la revolución mexicana.
En 1910, uno de los grandes desafíos de la revolución mexicana, además de derrocar la dictadura de Díaz fue reconstruir un estado que se preocupara por el sector social entre ellos el campesinado y la clase obrera. Entre sus logros esta el compromiso que el estado pactó en favor de los campesinos al dotarles de tierra, agua y apoyos para hacerlas producir. Éste pacto nacional se pudo respaldar a través del Artículo 27 Constitucional de 1917.
Desde entonces, los campesinos mexicanos y la clase trabajadora pudieron encontrar en el estado un benefactor social y garante de seguridad individual, se organizaron ejidos y los bienes comunales. Surge así un esquema de propiedad social que da ventajas y fortalezas al pueblo. Es decir, el pueblo se convirtió en dueño de la mayor parte del territorio.
Sin embargo, el costo para al erario público de subsidiar programas del campo, entre otros, puso entre 1970´s y 1980’s, en una severa crisis insostenible de nuestro modelo económico. A partir de entonces, se empezó una reestructuración económica y quedaron en segundo término aquellos sectores que representaban un gasto excesivo para el país. El campesinado fue uno de ellos.
Para 1992, la modificación del Art. 27 constitucional es uno de los golpes más fuertes en contra de la propiedad social. Con esta acción, la responsabilidad del estado y su papel de benefactor con el campo llegaba a su término.
Las organizaciones campesinas como los núcleos agrarios también se vieron en la necesidad de transformase. Para muchos era importante fomentar actividades económicas que las hicieran menos dependientes del estado. Hay algunos ejemplos de empresas ejidales y comunales como el caso del aprovechamiento forestal, el cual ahora beneficia económicamente a muchas familias. No obstante, hay núcleos agrarios que aún viven de las aportaciones de sus miembros y están esperanzados en la aportación gubernamental a través de sus programas.
La modificación del Art. 27 evidenció el paternalismo gubernamental y la falta de visión de los campesinos. El objetivo principal del zapatismo se había perdido en el camino, se quedó quizás viciado, se embriagó de poder y ahora presenta una “cruda” realidad que los ahoga. El síntoma más significativo de la decadencia de la propiedad social es la compra y venta de tierras, propiciada sí, por la modificación a la ley, pero jamás obligada por ésta.
Ahora la propiedad social se encuentra en manos de unos cuantos comuneros y unos cuantos ejidatarios. La propiedad social es vulnerable y está también en “peligro de extinción”, más aún cuando existen ofertas seductoras como la venta de tierras para inversión extranjera. En la costa de Oaxaca y en general en la costa del pacífico es más que una realidad. Quienes se dicen defensores de la tierra la venden, algunos ya ni siquiera siembran el maíz o el frijol, pero si saben valuar cada metro cuadrado con vista al mar.
Al menos en la costa de Oaxaca, los comuneros de hoy son promotores inmobiliarios, compran y venden hasta en medios electrónicos. Algunos ya se acabaron sus tierras, han vendido todo, sin embargo continúan invadiendo zonas montañosas y selváticas con el afán de vender en el futuro. Algunos tienen a sus familias en viviendas ubicados en lotes de 20 por 20, pero son comuneros legalmente reconocidos.
La situación actual, hace evidente la necesidad de reorganizar la lucha campesina y definir rumbos más claros ante los nuevos embates como la vulnerabilidad de la propiedad social. Es importante no dejar de lado los recursos naturales, proteger las zonas que aún se mantienen conservadas. México debe reconocerse como un estado de propiedad y de defensa colectiva. Hoy por hoy, si no existe más propiedad social, debemos socializar la defensa de los recursos naturales. No es necesario formar más organizaciones campesinas, las que hay, ahora compran su despensa en las grandes empresas transnacionales.
Hay muchos retos y posiblemente el sistema de propiedad social es como una luz que se apaga. Ante este escenario, es importante ubicar en el tiempo la defensa de los bienes de propiedad colectiva, pero más importante es, ubicar en la realidad un esquema de defensa del entorno ecológico que incluya a todos. La tierra ya no es de quien la trabaja, es de quien la defiende, aunque sólo se defienda un lote de 20 por 20.
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