La discusión actual sobre el sistema de propiedad social, el campesinado y la situación del campo es, tema que no sólo reúne a especialistas sino, sobre todo a quienes en su quehacer diario trabajan con grupos comunitarios.
La razón para que muchos compañeros de organizaciones sociales analicen este tema, recae en que la colectividad sobre la tierra, la solidaridad y el tequio son la base para el desarrollo de proyectos que garantizan la democratización económica en tiempos que el neoliberalismo avanza con más fuerza.
Ante este escenario, hace cuatro años un grupo de compañeros y colegas quienes compartíamos la labor de trabajar en proyectos comunitarios en la región de la costa de Oaxaca, discutíamos en reuniones informales sobre la situación actual del sistema comunal de la tierra, el campesino y los retos que hoy existen para reivindicar la lucha por no desaparecer la propiedad social.
Al día de hoy cuando nos encontramos con intereses que pretenden privatizar playas, desarrollar proyectos de interés nacional como la supercarretera de la costa, surge la necesidad de reencontrarse con el rumbo que fue trazado desde la revolución mexicana.
Si bien es cierto que lo colectivo tiene a bien desaparecer cuando surge el interés personal máxime cuando se trata de beneficios económicos, no debe olvidarse que el cambio climático y la soberanía alimentaria son razones suficientes para encontrar mecanismos de defensa de la propiedad social, es decir, defender nuestros recursos naturales para garantizar los mínimos servicios ambientales con que sobrevivimos.
Si nos remitimos a los orígenes del sistema colectivo de la tierra, seguramente encontraremos que cuando en 1910 surge la revolución mexicana, la necesidad era la misma, reconstruir un sistema nacional en beneficio de los campesinos y proveerle la última palabra a la colectividad. Para ello, se organizaron los ejidos, los bienes comunales y desde luego, se obtuvo el respaldo del Estado con un pacto que se mantuvo firme en la constitución de 1917 en su artículo 27, hasta 1992.
A partir de 1992, el sistema colectivo de la propiedad de la tierra queda descobijado y vulnerable y, desde luego también la defensa de la misma. La modificación del artículo 27 en el apartado donde el Estado mantenía su compromiso con los campesinos llegó a su término y evidenció el paternalismo gubernamental.
Con la crisis de 1994 que se veía venir desde años atrás, surge la necesidad de reorganizarse económicamente por lo que nuestro país tuvo que derogar gastos innecesarios; uno de ellos el campo. Así el sistema comunal vino en decadencia.
Ahora, los bienes comunales tienen la opción con la modificación a la constitución de privatizarse o intentar en serio la manera de erigirse. Mientras tanto, existen quienes han aprovechado esto para comprar tierras principalmente en zonas donde con inversión privada puede potenciarse económicamente; llámese costa bosque o selva con riqueza biológica.
Con vastos recursos naturales, la costa de Oaxaca vive entre la seducción del neoliberalismo y la falsa propiedad colectiva, existen quienes ya “vendieron” o cedieron la totalidad de sus parcelas a terceros. Por ello, hoy por hoy, se debe socializar al menos la defensa de los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible en la costa.
La razón para que muchos compañeros de organizaciones sociales analicen este tema, recae en que la colectividad sobre la tierra, la solidaridad y el tequio son la base para el desarrollo de proyectos que garantizan la democratización económica en tiempos que el neoliberalismo avanza con más fuerza.
Ante este escenario, hace cuatro años un grupo de compañeros y colegas quienes compartíamos la labor de trabajar en proyectos comunitarios en la región de la costa de Oaxaca, discutíamos en reuniones informales sobre la situación actual del sistema comunal de la tierra, el campesino y los retos que hoy existen para reivindicar la lucha por no desaparecer la propiedad social.
Al día de hoy cuando nos encontramos con intereses que pretenden privatizar playas, desarrollar proyectos de interés nacional como la supercarretera de la costa, surge la necesidad de reencontrarse con el rumbo que fue trazado desde la revolución mexicana.
Si bien es cierto que lo colectivo tiene a bien desaparecer cuando surge el interés personal máxime cuando se trata de beneficios económicos, no debe olvidarse que el cambio climático y la soberanía alimentaria son razones suficientes para encontrar mecanismos de defensa de la propiedad social, es decir, defender nuestros recursos naturales para garantizar los mínimos servicios ambientales con que sobrevivimos.
Si nos remitimos a los orígenes del sistema colectivo de la tierra, seguramente encontraremos que cuando en 1910 surge la revolución mexicana, la necesidad era la misma, reconstruir un sistema nacional en beneficio de los campesinos y proveerle la última palabra a la colectividad. Para ello, se organizaron los ejidos, los bienes comunales y desde luego, se obtuvo el respaldo del Estado con un pacto que se mantuvo firme en la constitución de 1917 en su artículo 27, hasta 1992.
A partir de 1992, el sistema colectivo de la propiedad de la tierra queda descobijado y vulnerable y, desde luego también la defensa de la misma. La modificación del artículo 27 en el apartado donde el Estado mantenía su compromiso con los campesinos llegó a su término y evidenció el paternalismo gubernamental.
Con la crisis de 1994 que se veía venir desde años atrás, surge la necesidad de reorganizarse económicamente por lo que nuestro país tuvo que derogar gastos innecesarios; uno de ellos el campo. Así el sistema comunal vino en decadencia.
Ahora, los bienes comunales tienen la opción con la modificación a la constitución de privatizarse o intentar en serio la manera de erigirse. Mientras tanto, existen quienes han aprovechado esto para comprar tierras principalmente en zonas donde con inversión privada puede potenciarse económicamente; llámese costa bosque o selva con riqueza biológica.
Con vastos recursos naturales, la costa de Oaxaca vive entre la seducción del neoliberalismo y la falsa propiedad colectiva, existen quienes ya “vendieron” o cedieron la totalidad de sus parcelas a terceros. Por ello, hoy por hoy, se debe socializar al menos la defensa de los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible en la costa.
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