¿Por qué es el campo una solución y no un problema?: Pasar de su uso electorero al establecimiento de una política real de Estado.
La contienda electoral de este año pretende como los anteriores, ser el pretexto perfecto para hablar de diversos temas y problemáticas del país. Se llegó el momento en que los actores políticos pasen de la pasividad a la pasión.
Hasta cierto grado, los debates que se generen no servirán para que el electorado decida realmente con base en las propuestas al candidato idóneo, más bien, lo que observaremos serán simplemente pasarelas llenas de buenas intensiones. Mientras los tiempos electorales permitan un encuentro entre los candidatos, una serie de declaraciones se han vertido sobre algunos temas.
En los espacios tanto en radio como en prensa escrita, los actores han planteado problemas y han ofrecido posibles soluciones. Estos, en algunos casos, se han convertido en foros monosílabos y confusos cual lejos de abonar a la construcción de propuestas, son evidencias de desconocimiento mínimo a cerca de problemas reales; el sector campesino es el más manoseado y en especial la crisis alimentaria.
Un ejemplo concreto de lo que sucede en este sentido es la escasez de alimentos en la sierra Tarahumara de Chihuahua y sus efectos colares como la desesperación, suicidios en la población y matanza de animales domésticos porque no hay para alimentarlos. Este ejemplo da la pauta y sienta una base en la que debería ser un debate serio, sobre todo en esta coyuntura electoral.
Campesinos, sector abandonado
Abordar la situación que prevalece en el campo, pero en especial el por qué esta en tales condiciones tiene diferentes implicaciones; es multicausal, es multidimensional, es multidisciplinario pero sobre todo es interinstitucional. En esencia hay que saber que México es principalmente un país de agricultores y sobre las plantas las culturas prehispánicas tuvieron un vasto conocimiento, además, México es cuna del Maíz, del Frijol, del Chile bases de nuestra alimentación pero, esa aportación a la civilización parece poco a poco desdibujarse de la historia.
Entre las causas atribuidas a la situación que vive el campo se remontan al abandono del sector desde la administración pública. En este sentido habría que retomar la controversia y debate existente en torno a la reforma del artículo 27 constitucional de 1992. No olvidar que la discusión está vigente porque, sustancialmente refuerza la idea de que sentó la base para una dependencia y en consecuencia de una crisis alimentaria que sufre nuestro país, misma que de no reorientar la política, podría agravarse.
La citada reforma cedió en gran parte a una reestructuración del gasto social al interior del país que dejó indefenso al sector social y, hacia el exterior, produjo una relación inequitativa con sus socios comerciales, es decir, abrió las puertas al neoliberalismo; explico. Resulta que el Consenso de Washington de 1989, una serie de medidas y recomendaciones para que los países latinoamericanos lograran un crecimiento económico equilibrado, plasmaba medidas exactamente en el tenor que se adoptaron por México; por ejemplo, la liberación de los mercados, reducción del gasto social (subsidios), privatización de paraestatales, entre otros.
Al cumplirse lo anterior, México entró en un proceso de desaceleración agropecuaria porque al firmar del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), EE.UU y Canadá hicieron caso omiso de las recomendaciones del Consenso de Washington, pues mantuvieron el subsidio al campo e incluso la incrementaron.
Desde entonces la política en el sector rural se presentó en dos sentidos. Primero en una política agraria que se basó en; a) certificar derechos parcelarios con programas que reducen su estatus de propiedad social de las parcelas, así como b) regularizar núcleos agrarios pendientes o con problemas para abrirle paso a la iniciativa privada.
Segundo, la política agropecuaria se centró en financiar proyectos agrícolas con valor comercial de ventajas competitivas, a través de empresas de agro negocios de capital privado en su mayoría. La excepción fue el Maíz que se llevó a los campos de riego de Sinaloa y sólo éste tuvo los apoyos necesarios, no obstante en años recientes el acelerado crecimiento poblacional nos ha llevado a una dependencia del grano que oscila entre un 25 al 30%.
No obstante, la política rural ha tratado de terciarizarse. El gasto social ha centrado su esfuerzo en financiar proyectos del sector terciario, como el turismo en zonas rurales, núcleos agrarios y zonas indígenas.
En este último caso, es decir, trasladar el campo como un activo del sector primario al sector terciario, no es una salida correcta aún cuando el sector turístico ofrece amplias ventajas. No, porque el turismo en nuestro país es temporal, la afluencia de visitantes a los destinos no es constante, por esa misma razón no ha alcanzado la importancia esperada y menos ahora cuando varios países han vetado a México como destino turístico por la inseguridad que prevalece.
Tampoco representa una salida convertir a todos los productores en pequeños empresarios, pues como tales sus costos son elevados, sus posibilidades de competir con productores extranjeros (con alto subsidio) y grandes empresas nacionales (que captan casi todo el subsidio disponible en México por sus amplias posibilidades de pago), son mínimas, aún cuando se destinen vastos recursos económicos para asistencia técnica, capacitación empresarial e infraestructura. Además, hay que agregar la ausencia de sinergia y concurrencia para favorecer al sector rural a pesar de contar con varios programas en el actual Gobierno Federal, en materia de Desarrollo Rural Sustentable (incluido el Programa Especial ¿Concurrente?). En general los recursos son poco accesibles, por falta de conocimiento a cerca de las Reglas de Operación y requisitos que no pueden cumplir.
El campo mexicano asunto de soberanía nacional
La realidad de nuestro sector rural es que 70% de las unidades de producción no alcanzan más de 2 hectáreas, en su mayoría son unidades de producción familiar, de autoconsumo ¿cómo hacer a productores de subsistencia en inmediatos emprendedores? ¿Cómo hacer empresarios en zonas rurales donde la mayoría de estos no tienen la más mínima escolaridad para entender economías de mercado y menos de neoliberalismo? No obstante, hay interés de romper la barrera de subsistencia, incluso hay ejemplos de integradoras de hortalizas y otros.
Ante las condiciones actuales que prevalecen en nuestro sector rural; parcelas abandonadas y/o vendidas, pobreza y marginación, ausencia de empleos y bajos ingresos económicos, programas asistencialistas y paternalistas, elevada emigración, deficientes servicios de salud, educación, etc., pero sobre todo hambre, vale la pena revisar si es conveniente mantener las mismas políticas.
El cultivo principal de nuestros campesinos es el Maíz y, si las parcelas están abandonadas obedece a que es más cómodo comprar el grano que producirlo, ya sabemos las causas. Si los campesinos en su mayoría son pobres obedece a que la mano de obra no es calificada y por tanto la remuneración no es alta y, si los ingresos son bajos, los precios de la canasta básica aumentan, los salarios mínimos no suben, son más vulnerables a las crisis. De todo ello hay una respuesta simple, somos dependientes del sistema económico global, los esquemas comunitarios han sido por mucho rebasados lo que se traduce en 50 millones de mexicanos que están en condiciones de pobreza económica.
Según el CONEVAL, en México de los 112 millones de mexicanos, 12 millones están en pobreza extrema, principalmente porque no tiene para comprar alimentos. Si tomamos en cuenta el ritmo acelerado del crecimiento poblacional, el uso del agua, el agua disponible por regiones (con base en la precipitación pluvial promedio), el escenario se complica.
Un indicador es que la población urbana rebasa en más del 100% a la rural (70 y 30 por ciento respectivamente). Las cifras en el caso de agua disponible se invierten (mayor disposición de agua en el sur y menos en el norte) y, en zonas urbanas la tendencia es una mayor demanda e importación.
La pobreza en general, es un concepto muy ligado a la disponibilidad o no de alimentos y, la alimentación estrechamente relacionado con los ingresos. Cuando los recursos naturales eran abundantes, el agua suficiente, parcelas disponibles para varios ciclos, los campesinos siempre gozaron de alimentos, en esos años, ser campesino no era sinónimo de pobreza.
Hoy día, pobreza y campesino coexisten y, mientras las parcelas sigan abandonadas, rentadas, vendidas, mientras los campesinos se vean obligados a emigrar al interior del país o al exterior, las cifras de pobreza extrema se incrementarán, todo eso mientras no exista una política real de apoyo al campesino al menos para combatir el hambre. Pero sobre todo mientras no se reconozca que la pobreza y atender el campo urgentemente es un tema de seguridad nacional.
Una reforma profunda al campo, para qué.
México ha venido de ser un país productor (exportador, en un tiempo) a un país importador de alimentos (54% de las necesidades). En este caso, la batalla por mantener la soberanía alimentaria se viene perdiendo principalmente porque aún cuando el abasto de granos esté asegurado (es decir, exista seguridad alimentaria), el país no produce el total que necesita, por tanto, los proveedores pueden condicionar ese abasto o especular su disponibilidad.
En este sentido, retomar una política de producción de alimentos (granos básicos) no sólo justifica reivindicar una reforma profunda al campo, sino, ante el constante crecimiento de la población principalmente urbana, el empobrecimiento de la población rural y las constantes crisis económicas obligan pensar en una política que combata el hambre como principal reto.
No se trata de cultivar y emprender brigadas intensivas, anteponiendo la explotación irracional de las zonas rurales como monocultivos (que usan indiscriminadamente agua y empobrecen el suelo), uso indiscriminado de agroquímicos, así como la deforestación y, desde luego, no optar premeditadamente por cultivos a través de Organismos Genéticamente Modificados que requiere un análisis exhaustivo. No, como premisa hay que considerar que el campesino es el principal actor en esta reforma, es decir, mientras el campesino se muera de hambre, es una evidencia de que la política agropecuaria no es la indicada, luego entonces no hay desarrollo rural, menos sustentabilidad.
Mientras el Estado se mantenga al margen de apoyar al sector campesino, mientras no acuda en el auxilio de los productores que pierden sus cosechas por heladas y sequías aun cuando las reservas se lo permiten, es muestra clara de un gobierno que no mira al campo como prioridad, refleja además desprecio por el campo y por los propios campesinos que se mueren de hambre.
Mientras siga utilizándose el tema del campo como bandera electoral, el campo será el pretexto perfecto para seguir administrando la pobreza, la tragedia y el hambre de millones de mexicanos. México es el segundo país latinoamericano que más presupuesta al sector rural y aunque no se compara con sus vecinos del norte, ese recurso no llega a los campesinos.
Ante esta situación grave representada por la crisis de alimentos y por ende en la pérdida de soberanía alimentaria, es necesario combatir el hambre con programas pequeños que le devuelvan la vida a las parcelas y, a los medianos productores ofrecer precios de garantía. Pero sobre todo, una política real del gobierno federal, de no hacerlo, no sólo vendrán las guerras por el agua, si no, por los alimentos.
*Premio Nacional de la Juventud Indígena
floribertov@yahoo.com
Twitter @betosierrasur
Hasta cierto grado, los debates que se generen no servirán para que el electorado decida realmente con base en las propuestas al candidato idóneo, más bien, lo que observaremos serán simplemente pasarelas llenas de buenas intensiones. Mientras los tiempos electorales permitan un encuentro entre los candidatos, una serie de declaraciones se han vertido sobre algunos temas.
En los espacios tanto en radio como en prensa escrita, los actores han planteado problemas y han ofrecido posibles soluciones. Estos, en algunos casos, se han convertido en foros monosílabos y confusos cual lejos de abonar a la construcción de propuestas, son evidencias de desconocimiento mínimo a cerca de problemas reales; el sector campesino es el más manoseado y en especial la crisis alimentaria.
Un ejemplo concreto de lo que sucede en este sentido es la escasez de alimentos en la sierra Tarahumara de Chihuahua y sus efectos colares como la desesperación, suicidios en la población y matanza de animales domésticos porque no hay para alimentarlos. Este ejemplo da la pauta y sienta una base en la que debería ser un debate serio, sobre todo en esta coyuntura electoral.
Campesinos, sector abandonado
Abordar la situación que prevalece en el campo, pero en especial el por qué esta en tales condiciones tiene diferentes implicaciones; es multicausal, es multidimensional, es multidisciplinario pero sobre todo es interinstitucional. En esencia hay que saber que México es principalmente un país de agricultores y sobre las plantas las culturas prehispánicas tuvieron un vasto conocimiento, además, México es cuna del Maíz, del Frijol, del Chile bases de nuestra alimentación pero, esa aportación a la civilización parece poco a poco desdibujarse de la historia.
Entre las causas atribuidas a la situación que vive el campo se remontan al abandono del sector desde la administración pública. En este sentido habría que retomar la controversia y debate existente en torno a la reforma del artículo 27 constitucional de 1992. No olvidar que la discusión está vigente porque, sustancialmente refuerza la idea de que sentó la base para una dependencia y en consecuencia de una crisis alimentaria que sufre nuestro país, misma que de no reorientar la política, podría agravarse.
La citada reforma cedió en gran parte a una reestructuración del gasto social al interior del país que dejó indefenso al sector social y, hacia el exterior, produjo una relación inequitativa con sus socios comerciales, es decir, abrió las puertas al neoliberalismo; explico. Resulta que el Consenso de Washington de 1989, una serie de medidas y recomendaciones para que los países latinoamericanos lograran un crecimiento económico equilibrado, plasmaba medidas exactamente en el tenor que se adoptaron por México; por ejemplo, la liberación de los mercados, reducción del gasto social (subsidios), privatización de paraestatales, entre otros.
Al cumplirse lo anterior, México entró en un proceso de desaceleración agropecuaria porque al firmar del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), EE.UU y Canadá hicieron caso omiso de las recomendaciones del Consenso de Washington, pues mantuvieron el subsidio al campo e incluso la incrementaron.
Desde entonces la política en el sector rural se presentó en dos sentidos. Primero en una política agraria que se basó en; a) certificar derechos parcelarios con programas que reducen su estatus de propiedad social de las parcelas, así como b) regularizar núcleos agrarios pendientes o con problemas para abrirle paso a la iniciativa privada.
Segundo, la política agropecuaria se centró en financiar proyectos agrícolas con valor comercial de ventajas competitivas, a través de empresas de agro negocios de capital privado en su mayoría. La excepción fue el Maíz que se llevó a los campos de riego de Sinaloa y sólo éste tuvo los apoyos necesarios, no obstante en años recientes el acelerado crecimiento poblacional nos ha llevado a una dependencia del grano que oscila entre un 25 al 30%.
No obstante, la política rural ha tratado de terciarizarse. El gasto social ha centrado su esfuerzo en financiar proyectos del sector terciario, como el turismo en zonas rurales, núcleos agrarios y zonas indígenas.
En este último caso, es decir, trasladar el campo como un activo del sector primario al sector terciario, no es una salida correcta aún cuando el sector turístico ofrece amplias ventajas. No, porque el turismo en nuestro país es temporal, la afluencia de visitantes a los destinos no es constante, por esa misma razón no ha alcanzado la importancia esperada y menos ahora cuando varios países han vetado a México como destino turístico por la inseguridad que prevalece.
Tampoco representa una salida convertir a todos los productores en pequeños empresarios, pues como tales sus costos son elevados, sus posibilidades de competir con productores extranjeros (con alto subsidio) y grandes empresas nacionales (que captan casi todo el subsidio disponible en México por sus amplias posibilidades de pago), son mínimas, aún cuando se destinen vastos recursos económicos para asistencia técnica, capacitación empresarial e infraestructura. Además, hay que agregar la ausencia de sinergia y concurrencia para favorecer al sector rural a pesar de contar con varios programas en el actual Gobierno Federal, en materia de Desarrollo Rural Sustentable (incluido el Programa Especial ¿Concurrente?). En general los recursos son poco accesibles, por falta de conocimiento a cerca de las Reglas de Operación y requisitos que no pueden cumplir.
El campo mexicano asunto de soberanía nacional
La realidad de nuestro sector rural es que 70% de las unidades de producción no alcanzan más de 2 hectáreas, en su mayoría son unidades de producción familiar, de autoconsumo ¿cómo hacer a productores de subsistencia en inmediatos emprendedores? ¿Cómo hacer empresarios en zonas rurales donde la mayoría de estos no tienen la más mínima escolaridad para entender economías de mercado y menos de neoliberalismo? No obstante, hay interés de romper la barrera de subsistencia, incluso hay ejemplos de integradoras de hortalizas y otros.
Ante las condiciones actuales que prevalecen en nuestro sector rural; parcelas abandonadas y/o vendidas, pobreza y marginación, ausencia de empleos y bajos ingresos económicos, programas asistencialistas y paternalistas, elevada emigración, deficientes servicios de salud, educación, etc., pero sobre todo hambre, vale la pena revisar si es conveniente mantener las mismas políticas.
El cultivo principal de nuestros campesinos es el Maíz y, si las parcelas están abandonadas obedece a que es más cómodo comprar el grano que producirlo, ya sabemos las causas. Si los campesinos en su mayoría son pobres obedece a que la mano de obra no es calificada y por tanto la remuneración no es alta y, si los ingresos son bajos, los precios de la canasta básica aumentan, los salarios mínimos no suben, son más vulnerables a las crisis. De todo ello hay una respuesta simple, somos dependientes del sistema económico global, los esquemas comunitarios han sido por mucho rebasados lo que se traduce en 50 millones de mexicanos que están en condiciones de pobreza económica.
Según el CONEVAL, en México de los 112 millones de mexicanos, 12 millones están en pobreza extrema, principalmente porque no tiene para comprar alimentos. Si tomamos en cuenta el ritmo acelerado del crecimiento poblacional, el uso del agua, el agua disponible por regiones (con base en la precipitación pluvial promedio), el escenario se complica.
Un indicador es que la población urbana rebasa en más del 100% a la rural (70 y 30 por ciento respectivamente). Las cifras en el caso de agua disponible se invierten (mayor disposición de agua en el sur y menos en el norte) y, en zonas urbanas la tendencia es una mayor demanda e importación.
La pobreza en general, es un concepto muy ligado a la disponibilidad o no de alimentos y, la alimentación estrechamente relacionado con los ingresos. Cuando los recursos naturales eran abundantes, el agua suficiente, parcelas disponibles para varios ciclos, los campesinos siempre gozaron de alimentos, en esos años, ser campesino no era sinónimo de pobreza.
Hoy día, pobreza y campesino coexisten y, mientras las parcelas sigan abandonadas, rentadas, vendidas, mientras los campesinos se vean obligados a emigrar al interior del país o al exterior, las cifras de pobreza extrema se incrementarán, todo eso mientras no exista una política real de apoyo al campesino al menos para combatir el hambre. Pero sobre todo mientras no se reconozca que la pobreza y atender el campo urgentemente es un tema de seguridad nacional.
Una reforma profunda al campo, para qué.
México ha venido de ser un país productor (exportador, en un tiempo) a un país importador de alimentos (54% de las necesidades). En este caso, la batalla por mantener la soberanía alimentaria se viene perdiendo principalmente porque aún cuando el abasto de granos esté asegurado (es decir, exista seguridad alimentaria), el país no produce el total que necesita, por tanto, los proveedores pueden condicionar ese abasto o especular su disponibilidad.
En este sentido, retomar una política de producción de alimentos (granos básicos) no sólo justifica reivindicar una reforma profunda al campo, sino, ante el constante crecimiento de la población principalmente urbana, el empobrecimiento de la población rural y las constantes crisis económicas obligan pensar en una política que combata el hambre como principal reto.
No se trata de cultivar y emprender brigadas intensivas, anteponiendo la explotación irracional de las zonas rurales como monocultivos (que usan indiscriminadamente agua y empobrecen el suelo), uso indiscriminado de agroquímicos, así como la deforestación y, desde luego, no optar premeditadamente por cultivos a través de Organismos Genéticamente Modificados que requiere un análisis exhaustivo. No, como premisa hay que considerar que el campesino es el principal actor en esta reforma, es decir, mientras el campesino se muera de hambre, es una evidencia de que la política agropecuaria no es la indicada, luego entonces no hay desarrollo rural, menos sustentabilidad.
Mientras el Estado se mantenga al margen de apoyar al sector campesino, mientras no acuda en el auxilio de los productores que pierden sus cosechas por heladas y sequías aun cuando las reservas se lo permiten, es muestra clara de un gobierno que no mira al campo como prioridad, refleja además desprecio por el campo y por los propios campesinos que se mueren de hambre.
Mientras siga utilizándose el tema del campo como bandera electoral, el campo será el pretexto perfecto para seguir administrando la pobreza, la tragedia y el hambre de millones de mexicanos. México es el segundo país latinoamericano que más presupuesta al sector rural y aunque no se compara con sus vecinos del norte, ese recurso no llega a los campesinos.
Ante esta situación grave representada por la crisis de alimentos y por ende en la pérdida de soberanía alimentaria, es necesario combatir el hambre con programas pequeños que le devuelvan la vida a las parcelas y, a los medianos productores ofrecer precios de garantía. Pero sobre todo, una política real del gobierno federal, de no hacerlo, no sólo vendrán las guerras por el agua, si no, por los alimentos.
*Premio Nacional de la Juventud Indígena
floribertov@yahoo.com
Twitter @betosierrasur
Excelente trabajo, necesitamos ser más los que tengamos la visión de un verdadero desarrollo del Campo Méxicano. Un abrazo hermano.
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